Escuela Basica -TALCA - Región del Maule
Título iniciativa: Ley de protección Integral a la niñez y adolescencia vulnerada en el Estado de Chile.


Actualmente en Chile no existe una ley de protección integral a la infancia y niñez vulnerada. Chile y Panamá no cuentan con una Ley Marco que permita favorecer la creación de políticas pública orientadas a la prevención e intervención temprana de la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Estado tiene un grave rezago en materia de derechos de infancia, aunque firmó la convención junto a 57 países en 1990. Chile, al ratificar la convención se transforma en Estado parte de la misma, por consiguiente acepta someterse legalmente a sus estipulaciones y debe informar regularmente a un comité de los derechos del niño sobre sus avances. Según la diputada Claudia Nogueira Fernández, desde el año 2002 el comité de los derechos del niño viene solicitando al estado de Chile la supresión del Sename y la implementación de dos servicios especializados en materia de protección y otra en niños infractores de ley. La comisión investigadora realizó dos informes. Un informe lo realizó UNICEF con los tribunales de familia donde se refleja que la situación no ha cambiado en 15 años, la infancia vulnerada y adolescencia al parecer no son prioridad para el Estado. Una investigación realizada por la Tercera, analizó la gestión en delitos sexuales en las 18 fiscalías regionales lo que refleja que hay un bajo porcentaje en condenas y un alto porcentaje de causas archivadas y causas de no perseverar. En nuestro país, el grupo etario de 0 a 18 años, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) año 2015, representa la cifra de 4.715.179, lo que representa el 30% de la población total. De este dato, 1.023.100 de niños están en riesgo social, de los cuales 136.767 ingresaron a la red de protección de la infancia según el Sename. La encuesta Casen indica que por ciudad y sector 1 de 4 niños vive en situación de pobreza multidimensional, esto quiere decir, con familias con bajos ingresos y una serie de dificultades en materia educacional, de vivienda y salud, entre otras. Además, un 22,7% de los menores vive en hogares con un alto nivel de hacinamiento; un 18,2% vive en carencia por ingresos, el 5,3% lo hace en situación de indigencia, mientras que la primera infancia presenta el mayor porcentaje de pobreza infantil en el país. Según Nicolás Contreras, sociólogo y coordinador de estudios del Observatorio, las tasas de denuncias por violencia intrafamiliar o por abuso sexual son altas en comparación con otros países y sabemos que están subestimadas, ya que los que denuncian son sólo una parte de quienes viven en estas vulneraciones. , También recalcó Sr. Nicolás Contreras Si bien han surgido tres proyectos de ley que abordan la infancia y apelan a la protección de los derechos de los niños (Ley de Sistema de Garantías de la Niñez, Defensoría de la niñez y la Subsecretaría de la Niñez), a juicio de Dimas Santibáñez, coordinador académico del diplomado de Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, estas acciones serían un tanto insuficientes para enfrentar la realidad actual.
Según Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu) la infancia en Chile sigue siendo la población más vulnerada y empobrecida y esta situación no está cambiando a medida que pasan los años. Por estas razones, se hace necesario posicionar a la infancia en el contexto social como una importante etapa de la vida, que necesita la protección y el apoyo suficientes por parte de todos y cada uno de los demás integrantes del conglomerado social. Proponemos un círculo de seguridad que proteja a priori, que busque mantener a los niños, niñas y adolescentes al margen de las vulneraciones de derechos, entendiendo la necesidad de una mayor articulación de las redes en la temprana infancia, asegurando su acceso a las instituciones socializadoras como el jardín infantil, la escuela. Como hemos decidido presentar una iniciativa denominada como Ley de protección integral a la niñez y adolescencia vulnerada en el Estado de Chile. Dicho cuerpo normativo, surge como propuesta ya que nos preocupan en demasía los casos de adolescentes que requieren de una atención especial para atender ciertas patologías, la situación de más del 70% de los niños que tienen serios trastornos de salud mental y consumo de alcohol y drogas. . Como equipo de trabajo queremos aportar con una iniciativa que contribuya a garantizar el bienestar de los niños y adolescentes más vulnerados, quienes deben ser tema de prioridad para el país, siendo el Estado de Chile el que asuma la responsabilidad de velar por sus derechos y protegerlos cuando sean vulnerados. No es nuestro sentir que las muertes de Lissette Villa, Alan y José queden impunes. Según expresó en Seminario Internacional Marta Santos Pais Parte de la protección y promoción de los Derechos del Niño es parte de la construcción de la democracia, pero la protección de los niños contra la violencia es un componente indispensable desde ese proceso.



Queremos como gestores de los grandes avances Garantizar a los niños, niñas y adolescentes, víctimas de vulneraciones a sus derechos, sean éstos constitutivos o no de delitos, el acceso efectivo a la justicia mediante la instalación de una amplia oferta pública de Programas de Asesoría Legal y Representación Jurídica, que les permita ejercer sus derechos ante los Tribunales de Familia, Tribunales con Competencia en lo Penal y/o Tribunales Superiores de Justicia, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 3, 5, 12, 1, 32 y 39 de la Convención de los Derechos del Niño, en concordancia con los artículo 1, 5 y 19 Nº3 de la Constitución Política de la República, y Observación General Nº12 del Comité Internacional de los Derechos del Niño . La urgencia del ingreso de este Proyecto de Ley al Poder Legislativo se sustenta en que se requiere de una institucionalidad pública que permita promover, prevenir, asistir, proteger y restablecer los derechos de los NNA reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile el año 1990.

Se propone una moción parlamentaria que implica el establecimiento de una Ley que modifique diversos cuerpos regulatorios, entre ellos Ley N° 20.032 que establece Sistema de Atención a la niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención; Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia; Ley N° 16.618 de Menores.
La moción parlamentaria consiste en una serie de modificaciones legales que permitan la implementación y establecimiento de garantías explícitas para los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) vulnerados en sus derechos. El ingreso de un NNA al sistema, implica l activación de financiamiento extraordinario para los programas que integran el sistema. En este sentido para el sistema de garantías se propone:
1.- Implementación del Sistema de Aseguramiento y Protección a la Infancia y Adolescencia Vulnerada (SAPIAV), el que tendría como principal misión supervisar y fiscalizar financiera y técnicamente a los centros especializados u organismos colaboradores, receptores de las subvenciones estatales, organizaciones sin fines de lucro que integran la red de protección de delos derechos de los NNA.
Se establece además, un sistema de desincentivos al mal uso de los recursos de subvenciones, mediante la implementación de sanciones administrativas que van desde la disminución progresiva de subvenciones hasta supresión de toda subvención estatal. Esto, articulado con sanciones penales contra administradores y altos directivos, sumado a sanciones económicas, consistentes en la devolución de los recursos mal utilizados y el reintegro de hasta el doble de los recursos desviados.
2.- Se establecerá un sistema nacional de Garantías REDICH, red por los derechos de la infancia en Chile y a su vez esta red será supervisada por SAPIAV, sistema de aseguramiento y protección a la infancia y adolescencia.
Las garantías de este sistema consistirán en:
- Red de atención mental especializada para un diagnóstico y tratamiento eficiente y oportuno de las enfermedades de salud mental de los NNA vulnerados. Esta red de atención de salud mental, se implementará mediante el financiamiento de equipos especializados provinciales, para la atención y control exclusivo para los menores afectados.
- Creación de registro nacional de NNA vulnerados. Periódicamente se evaluará el avance y desarrollo de los NNA que ingresen al sistema. Se adoptarán medidas y programas excepcionales y urgentes para aquellos NNA que en el control periódico, evidencien retrocesos en su desarrollo, según el o los planes de intervención que proponen las metas respecto de los menores.
3.- Se suprimirá el Servicio Nacional de Menores que será reemplazado por el Sistema Nacional de Garantías (SISNAG).
4.- Los NNA vulnerados requerirán del ingreso y mantención en el sistema regular de educación, para lo que se mantendrá un sistema de financiamiento para la correcta adaptación del NNA en el sistema escolar, para lo cual se podrá financiar en el establecimiento educacional, la contratación incluso de un profesional (psicólogo, psicopedagogo) que apoye la inclusión y mantenimiento del menor en el sistema escolar. Este profesional trabajará coordinadamente con los equipos directivos y de aula en cada unidad educativa, mediante el diseño y su implementación de estrategias para la adaptación eficaz al sistema educativo.
5.- El ingreso de un NNA al SISNAG se determinará en Tribunales de Familia, en los procedimientos proteccionales, para lo cual se requerirá de un cambio en la Ley N° 19.968. La revisión del desenvolvimiento de NNA en el sistema será competencia también de los tribunales de Familia.
El SISNAG debe estar construido sobre la lógica de la integralidad, proporcionando una mirada transversal a las instituciones estatales que están relacionadas con las garantías de los derechos de niñas, niños y adolescentes.